Presidenta mexicana utiliza sentencia contra exsecretario de Seguridad para cuestionar a oposición

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respaldó el jueves la sentencia de más de 38 años de cárcel contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por recibir millonarios sobornos del narcotráfico y aprovechó para cuestionar a quien fuera su jefe, el expresidente Felipe Calderón.
Sheinbaum afirmó que “no es menor” el fallo de la víspera contra García Luna y aseguró que el caso “habla de la decadencia, de la degradación” del sexenio de Calderón, que gobernó México entre 2006-2012 con el respaldo del conservador Partido de Acción Nacional (PAN).
García Luna fue declarado culpable por un jurado en Nueva York a mediados de 2023 de recibir millones de dólares en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa que supuestamente combatía y de proporcionar información sobre cárteles rivales que permitió el libre tránsito de enormes cantidades de droga. La sentencia fue dictada más de un año después.
Durante su conferencia matutina la mandataria criticó duramente la declaración que emitió Calderón tras anunciarse la sentencia y afirmó que era de un “cinismo terrible” que expresara que nunca tuvo “evidencia verificable” sobre las actividades ilícitas de su secretario de Seguridad Pública.
“Ahora resulta que durante seis años no se dio cuenta”, comentó en tono irónico Sheinbaum y señaló al exgobernante de poner “al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante”.
“Al pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio”, indicó la presidenta al cuestionar la política de seguridad que siguió Calderón de combate frontal a las organizaciones criminales —que dejó centenares de muertos, desaparecidos y denuncias de violaciones de derechos humanos— y descartó que su gobierno vaya a retomar la “guerra contra el narco”.
García Luna, de 56 años, dirigió a la policía federal mexicana antes de estar al frente de una secretaría a nivel de gabinete, siendo el funcionario de seguridad de más alto rango en México entre 2006 y 2012. En esa época Estados Unidos lo elogió llamándolo aliado suyo en el combate al narcotráfico.
El juez federal Brian Cogan señaló que no se sintió conmovido por los reconocimientos que García Luna había recibido por su trabajo. “Esa era su tapadera”, le dijo el juez al exfuncionario antes de imponer la sentencia. “Usted es culpable de estos delitos, señor. No puede presumir estas palabras y decir: ‘Soy el policía del año’”.
En conferencia de prensa, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, dijo el jueves que tras el caso de García “estamos alineados nosotros y la presidenta Sheinbaum en lo que se tiene que hacer: asegurar que oficiales no sean corruptos”, llevar a cabo un “intercambio auténtico” de información y “tener claridad” a la hora de colaborar en temas de seguridad, una de las prioridades para los dos países.
Entre los asuntos bilaterales pendientes en cuestiones de seguridad está la extradición de dos líderes de Los Zetas, uno de los grupos más violentos del país. Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales, apodados el Z-40 y el Z-42, están encarcelados en México desde hace una década y han sido acusados por fiscales estadounidenses de controlar desde la prisión el sanguinario Cártel del Noreste.
El diplomático no entró al fondo del asunto sobre los problemas en las cárceles mexicanas que permitieron esa actividad delictiva ni respondió a la pregunta de si el gobierno de México tomó alguna acción para evitar esta situación. Solo indicó que las autoridades mexicanas conocían desde hacía tiempo todo lo que estaba en la acusación contra los hermanos Treviño Morales.
Claudia Sheinbaum tampoco hizo mención alguna a ese aspecto, que supone un cuestionamiento a las autoridades federales.
Sin embargo, ambos coincidieron en que lo que ha detenido la extradición han sido los jueces.
“¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial”, aseveró la Sheinbaum, poniendo este caso como ejemplo de lo necesaria que era la reforma de la judicatura que entró en vigor hace un mes pese a las numerosas críticas que suscitó por el miedo a que politice la justicia.
El embajador estadounidense también criticó la acción de los jueces en el caso del Z-40 y el Z-42 y lo puso como ejemplo de lo necesario que era corregir ese tipo de problemas pero no de la forma en que se ha hecho. Estados Unidos ha sido muy crítico con los cambios constitucionales para que los jueces sean elegidos por voto popular y el propio Salazar dijo en agosto que esa reforma podría poner en riesgo la democracia mexicana.